BURGOS

AGRESION SOCIAL EN EUROPA: 60 HORAS DE TRABAJO A LA SEMANA

Los impulsores de la Europa neoliberal han dado un paso más al aprobar el pasado 10 de junio, en el Consejo de Ministros de Trabajo, una revisión de la Directiva de ordenación del tiempo de trabajo que pretende ampliar la jornada laboral hasta 60, o 65, horas semanales, en la que el Ministro de Trabajo del PSOE, Sr. Corbacho, parece que no encontró argumentos para rechazarla y solo se abstuvo. Ahora esta pendiente de su ratificación o no en el Parlamento Europeo lo cual dependerá de la presión social que se ejerza.

Esta es la Europa que se está construyendo, una Europa que impulsa la desregularización de los derechos laborales conseguidos gracias a la lucha del movimiento obrero, armonizándolos a la baja. Es en base a estos principios neoliberales, -que hacen prevalecer el interés del libre mercado por encima del interés del trabajador- como se va a permitir que las empresas puedan contratar a trabajadores de terceros países con salarios y condiciones laborales del país de origen, aun cuando sean inferiores a las del país del destino.

Otro ejemplo de esta involución de los derechos lo constituye la Directiva de retorno de las personas inmigrantes que el PSOE ha votado a favor. La llamada directiva de la vergüenza conllevará la deportación de 8 millones de personas, no documentadas, que se encuentran en territorio europeo, y cuyo único "delito" es haber abandonado su país de origen en busca de una vida mejor.

Es una directiva que recupera el principio de detención administrativa, que instaura períodos de internamiento de hasta 18 meses en unos centros que presentan condiciones infrahumanas, que posibilita la deportación de menores, incluso no acompañados, y que prohíbe la entra de estas personas expulsadas por un periodo de 5 años en cualquier país de la Unión Europeo. A todas luces una directiva represiva, que criminaliza a la persona inmigrantes y que crea una Europa fortaleza. El giro conservador del PSOE es evidente y lo que no se atreven a aplicar directamente en nuestro país buscan la disculpa de Europa para imponerlo. Pura hipocresía.

La Directiva sobre la jornada de trabajo introduce la posibilidad de un acuerdo privado por el cual empresario y trabajador pueden firmar (es decir el empresario podrá imponer) un incremento de la jornada laboral. Esta medida profundiza en la precarización del empleo y asienta la individualización de las relaciones laborales, al permitir que el empresario imponga a cada trabajador de forma individual su tiempo de trabajo, mediante la aplicación de la Directiva europea. La aprobación de esta Directiva abriría la puerta al "dumping social", sentando un peligroso precedente que puede extenderse a los salarios y a las condiciones de seguridad laboral, y vaciaría de contenido el derecho a la negociación colectiva, algo fundamental en el actual marco de relaciones laborales.

Dentro de la nueva filosofía que pretende imponer esta Directiva, modifica lo que ahora se considera como tiempo de trabajo “todo periodo durante el cual el trabajador permanezcaca en el trabajo, a disposición del empresario y en ejercicio de su actividad”. Sin embargo la Directiva ahora aprobada pretenden no considerar “tiempo de trabajo” los períodos que aun permaneciendo en el lugar de trabajo, no esté realizando un trabajo efectivo, lo que modificaría los actuales de criterios sobre guardias médicas, o de otro tipo, retenes, etc.

Estas gravísimas agresiones a los principios básicos del Estado Social, que tanto ha costado conseguirlo, abundan en la falta de identificación de la ciudadanía con una construcción europea que impone políticas ultraliberales y recorta derechos sociales. Los que propusimos el No a la Constitución Europea por su contenido neoliberal, que luego antidemocráticamente la  han empeorado con el Tratado de Lisboa, compartimos el reciente rechazo de Irlanda a este Tratado, y la consecuencia debe ser un giro radical en dicha construcción europea que tenga en cuenta los intereses de la ciudadanía y no la servidumbre a los grandes lobby económicos que ahora practican los gobiernos de países europeos.

El Gobierno del PSOE con el Sr. Zapatero a la cabeza deben dar una explicación a la sociedad española de sus posiciones políticas en estas decisiones que poco tienen que ver con sus recientes promesas electorales. No obstante la alternativa antes semejantes agresiones sociales es la movilización social, a las que Izquierda Unida contribuirá con todo su capacidad, para impedir que tales decisiones sean ratificadas por el Parlamento Europeo.

Luis García Sanz
Coordinador Provincial I.U. Burgos