BURGOS
Como consecuencia de la denuncia presentada por Izquierda Unida hace varios meses contra los posibles delitos y/o irregularidades administrativos de la concejala del PP en el Ayuntamiento de Burgos Teresa Temido, la Fiscalía Provincial de Burgos ha emitido un informe del que se desprende las actitudes ilícitas en las que dicha concejala ha incurrido.
El retraso de este informe de la fiscalía fundamentalmente se debe a las trabas puestas por el Ayuntamiento de Burgos a los requerimientos de la Fiscalía para que aportara la documentación correspondiente, no entregándolas en un primer momento o haciéndolo de forma parcial lo que provocó nuevos requerimientos. Así es como colabora el PP con la justicia cuando le interesa.
La denuncia presentada por IU incidía en los intereses directos que había entre esta concejala y varias empresas a las que con su voto favorable se le adjudicaron diversas contratas en el Ayuntamiento de Burgos, así como la adjudicación también con su voto favorable de varias contratas a una empresa de su marido. Ante estas situaciones esta explícitamente recogido en las normas legales que el cargo público afectado debe abstenerse de participar en las decisiones, sin embargo ante la mayoría absoluta vale todo.
La Fiscalía Provincial en su informe avala este criterio de Izquierda Unida indicando que dicha concejala, “… estaba obligada cuando participó en la deliberación y votación de aquellos asuntos en el Ayuntamiento del que era concejala a abstenerse, deber que incumplió, si bien dicha infracción no integra sin más el tipo penal del art. 441 del Código Penal (único delito que pudiera se considerado como susceptible de ser cometido por la funcionaria denunciada), quedando en el ámbito del ilícito administrativo y siendo sancionable en dicho marco, …..”
“Así, aunque desde el punto de vista de un cargo electo y del ejercicio de una función pública la conducta de la denunciada participando en aquellas deliberaciones y votaciones de asuntos que no le eran ajenos sin abstenerse es reprobable, este reproche no encaja en los supuestos previstos para su sanción por la vía penal, sino en su caso por la vía administrativa…”
“….La conducta de la denunciada no puede ser integrada en el tipo del delito referido en vía penal por lo que únicamente podría ser sancionada en su caso por ilegalidad administrativa”.
Izquierda Unida valora positivamente el reconocimiento de la Fiscalía de la infracción cometida por esta concejala aunque se echa en falta que hubiera llevado a cabo una investigación más allá de la mera revisión de los documentos aportados por el Ayuntamiento, para concluir con más pruebas si ha habido delito o no, pues a la vista de la clara vinculación de intereses entre la concejala y las empresas beneficiadas, no se admisible que todo ello se deba a casualidades inocentes.
Ante la evidente irregularidad administrativa en la que ha incurrido esta concejala la responsabilidad es del Alcalde para adoptar las medidas sancionadoras correspondientes, pero claro siendo todos del PP no se van a sancionar entre ellos. A esto se le llama impunidad y prevaricación.
Ya se esta viendo cuales son los claros intereses que el PP tiene en Burgos en su afán de privatizar todo lo que queda en el ámbito público: Autobuses, Instalaciones Deportivas, Aguas, Centros Cívicos, Camping, etc. etc., es decir no se trata solo de su apuesta ideológica ultraliberal de poner todos los servicios públicos a disposición del beneficio privado, que ya vemos las consecuencias internacionales que esta teniendo, sino que además con ello favorecen intereses concretos de empresarios amigos a los que adjudican las diferentes contratos del Ayuntamiento. Negocio redondo.
Ante esta impunidad del PP en el Ayuntamiento de Burgos Izquierda Unida seguirá insistiendo en denunciar semejantes abusos ante la ciudadanía y ante los organismos competentes.
IZQUIERDA UNIDA BURGOS