En aras de un desarrollo social
El artículo primero de nuestra Constitución define a España como un Estado social y democrático de Derecho que propugna entre otros valores la igualdad. Muchas veces se nos llena la boca defendiendo la Constitución, pero pasamos por alto la lectura del primero de sus artículos, el carácter solidario de nuestro planteamiento de sociedad. Para ser más completo, en el artículo 38 se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, que supone un comportamiento más individualista. Si no vamos a dar prioridad a uno sobre el otro, deberá establecerse normativas que los hagan compatibles.
Según el informe de la fundación FOESSA, España sigue manteniendo tras muchos años a más de 8,5 millones de personas dentro del índice de pobreza relativa, comprendiendo a aquellas que no alcanzan el 50% de la renta media. Se sitúa así entre uno de los países de Europa con más población en esta situación de marginación. Los elementos correctores se establecerían en la posibilidad de un reparto de renta más equitativo, es decir, que entrase mayor flujo monetario a las clases sociales con menos recursos por cauces remunerativos. Sin embargo, en la última década se ha desplomado la participación de los salarios en la renta nacional, a pesar del crecimiento espectacular experimentado, señal de que la prosperidad española se ha basado en la moderación salarial.
En otros términos, los trabajadores españoles reciben una poción cada vez menor de la riqueza que generan dentro de la actividad económica, de esta forma ese índice de pobreza se encuentra abocado a engrosar en lugar de disminuir. Así se puede observar que los ingresos de trabajo en el PIB alcanzaron en el 2006 su mínimo histórico, con un 54%, cuatro puntos menos que la media europea. En el mismo sentido, se confirma que el salario mínimo neto no supone más que el 36% del salario medio nacional, encontrándose también en uno de los niveles más bajo de Europa.
Mientras el Producto Interior bruto per capita subió un 32%, entre el año 2003 y 2007, el salario mínimo interprofesional tan sólo logró un crecimiento de un 26%, a pesar de las subidas porcentuales significativas del PSOE, mayores que las habidas en el período del PP. Todo confirma que en España se cuida mal al sector productivo de la población. Casi la mitad de los trabajadores menores de 30 años tienen contratos temporales. Mientras los países de nuestro entorno establecen un salario mínimo superior a1.200€, aquí en España esa cifra no la logran el 40% de los trabajadores, nuestro salario mínimo se sitúa por primera vez en 600€, la mitad que en Francia, Irlanda...
Desde Izquierda Unida proponemos otros indicadores de convergencia con Europa, más allá de los macroeconómicos, como son los de disminuir la precariedad en el trabajo, reducción de la siniestralidad laboral o adoptar las medidas necesarias para que el salario mínimo interprofesional alcance el 60% del salario medio, lo que se situaría en este momento en 1.100€. Todo esto conforme a la Carta Social Europea que rige desde el 1961, convenida para satisfacer el progreso económico y social. Es importante que se creen organismos inspectores de estos criterios, tanto en el ámbito nacional como internacional, para evitar las prácticas de dumping laboral, que son las fomentan la reducción de salarios a los obreros o las condiciones desventajosas de un país con respecto a otro. Proponemos un desarrollo que ampare a todos.
Santos María Martínez
Candidato al Senado por IU
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