La rebaja de impuestos no es de izquierdas
Cuando llegan las elecciones, los dos partidos mayoritarios entran en una porfía frenética por rebajar o suprimir impuestos directos, de forma que cuando pase la fecha de celebración no sabemos si quedará alguno. Sin embargo, el sistema fiscal es uno de los aspectos más explicativos del modelo de Estado, exponente de los servicios comunes que la ciudadanía puede esperar de él. Pero esta explicación sobre las consecuencias que conlleva el recorte o la importancia de mantener el sistema impositivo no va incorporada en esta campaña, a los partidos mayoritarios sólo les interesa este capítulo como gancho electoral, una forma más de hacer demagogia y populismo.
Se aconseja que el sistema tributario debe ser, entre otras cosas, estable para evitar variabilidad oportunista y los servicios financiados puedan seguir desarrollándose. Además los impuestos cubren esa función redistributiva de la renta, de forma que una de sus funciones es acortar la diferencia entre los estratos sociales, precisamente cuando en estos últimos años esta diferencia se ha hecho más dilatada. Una de las razones esgrimidas para esta rebaja es ese superavit alcanzado en el pasado ejercicio de un 2% de PIB en el conjunto de Administraciones públicas, pero no se ha habla de los sectores que han sido deficitarios en sus funciones, así como los que interesa agrandar. Entre los primeros cabe señalar la sanidad pública, donde las listas de espera son cada vez más largas y la Atención Primaria continúa siendo el patito feo del sistema; entre los segundos la inversión en la investigación de nuestro país que está muy por debajo de la media europea. Por poner unos ejemplos de lo que queda por hacer.
Tenemos experiencia que cuando se rebajan los impuestos, los gobiernos terminan por lapidar los bienes públicos, como fue la feria de ventas de empresas estatales que se inició en la anterior etapa del PSOE, se continuó en la etapa del PP y todos perdimos un patrimonio y calidad en los servicios que veníamos disfrutando. El resultado es que el Estado actualmente es más débil y, ante una eventualidad de economías regresivas, se carece de recursos para llevar políticas de dinamismo económico, en cambio otros estados europeos han iniciado esa operación de rescate de empresas que fueron públicas.
Hace pocos días oímos a J. Gómez Navarro, ex-ministro de Comercio en la primera etapa del PSOE, proponer la necesidad de bajar las cuotas a la Seguridad Social, en cambio la recaudación perdida debería restituirse a través de impuestos sobre el valor añadido (el IVA). Idéntica propuesta se oye a Mariano Rajoy, las coincidencias nos son extrañas. Supone disminuir los impuestos directos, que protegen el carácter progresivo y de cohesión social, con el fin de confortar a los estamentos más acaudalados de la sociedad. Por el contrario se aumentan los impuestos indirectos que desfavorecen a las clases más bajas. Sin embargo, está demostrado que reducir los impuestos directos no favorece consecuentemente la inversión ni es un motor dinámico de la economía, pues el dinero no recaudado por las arcas puede ir a engrosar directamente los beneficios del capital y gastos suntuosos. Sin lugar a dudas, ampliar los impuestos indirectos repercute de forma inmediata en un aumento de la inflación, que perjudica a los más débiles.
Ambos partidos coinciden en la supresión del impuesto sobre el patrimonio, uno de los que tienen mayor carácter progresivo, pero en estos momentos está trasferido a los gobiernos autonómicos y constituye fuente de ingresos para su gestión. Si bien, las rebajas que se han hecho en algunas regiones y la consiguiente diferencia de cotización han provocado que suscite polémica por el agravio comparativo entre unas comunidades autónomas y otras. Pero su desaparición supondría que el Gobierno central debería aprobar la subida de otras tasas menos visibles y compensar a los gobiernos autonómicos.
Se argumenta también la bajada de impuestos por la dificultad que hay de recaudarlos y por el fraude fiscal que está sin tapar, no obstante esta dificultad surge entre otras cosas por la complejidad normativa de sistema tributario español y la cantidad de excepciones que se hace a la regla general.
En Izquierda Unida no nos jactamos de entrar en esa apuesta por bajar los impuestos, sino de aumentar los servicios públicos y hacer un Estado más social.
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