BURGOS
Izquierda Unida acudirá a los Tribunales de Justicia en los próximos días para denunciar el incumplimiento por parte de la concejala del Partido Popular, Teresa Temiño Cuevas, de la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas.
En esta Ley , en concreto, en el Capítulo III”Abstención y Recusación” artículo 28 “abstención” que dice:
“1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el número siguiente de este artículo, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
2. Son motivos de abstención los siguientes:(entre otros...)
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
(...)
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
(...)
4. Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las circunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente.
5. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.”
Pues bien. A la vista de estos artículos de la citada Ley, la concejala del Partido Popular Teresa Temiño ha incurrido en “responsabilidad” y por tanto en ilegalidad, consentida por sus superiores, en este caso por el propio Alcalde de Burgos Sr. Aparicio.
Consideramos hechos probados, de los que tenemos documentación, que la concejala no se abstuvo en la adjudicación del contrato de servicio de prevención de accidentes, vigilancia y asistencia urgente para los usuarios de las Piscinas Municipales y Playa del Ayuntamiento de Burgos, que se llevó a cabo en Reunión del Servicio Municipalizado de Instalaciones Deportivas del día 17 de septiembre de 2007. Este contrato se le adjudica a una UTE de la que forma parte la empresa Sprintem (nombrada expresamente en la relación y en primer lugar) junto a EliteSport y Arguión Yacht.
Tampoco lo hizo en la Junta de Gobierno Local de fecha 6 de mayo de 2008, donde se aprueba un reconocimiento extrajudicial de créditos de diversas facturas correspondientes al servicio de socorristas de las piscinas municipales, a favor de la empresa Sprintem, S.A. por un montante total de 138.508,87€.
Prueba de la relación de la Señora Temiño con la empresa Sprintem y con Elitesport, sea la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de Burgos 00185/08, de 20 de junio de 2008, sobre una demanda de una trabajadora( socorrista) hacia estas empresas. La “concejala” Temiño aparece como representante legal de estas empresas. ¿A quién defiende? ¿Al Ayuntamiento? No. Está claro que a las empresas. ¿Y cuando vota en el Ayuntamiento?
Tres meses más tarde de este juicio la concejala en el Consejo de Administración de Instalaciones Deportivas, sigue votando a favor( cuando debía abstenerse) del pago de facturas a Sprintem por servicio de cursos y actividades físico-deportivas( casi 6.000 del mes de agosto) y a la UTE donde están las dos empresas para las que trabaja por prevención de accidentes, vigilancia etc.(pago mensual de más de 45.000€. en agosto).
La Junta de Gobierno Local del día 10 de junio de 2008, con la presencia de la concejala Teresa Temiño Cuevas, aprobó por unanimidad, como se recoge en el acta, la adjudicación del contrato de asistencia técnica para la redacción de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística de la Gerencia de Urbanismo e Infraestructuras(ahora llamada de “Fomento”, en todo caso y según parece ser de los intereses privados y familiares). Es el punto 411 de esta Junta de Gobierno. Se adjudica a la empresa E.I.C. Estudio de Ingeniería Civil, S.L. y en el dictamen se cita con nombres y apellidos a dos de los colaboradores de EIC en Burgos, siendo uno ellos D. Angel Alcuaz Higalgo (Licenciado en Derecho) a la sazón esposo de la concejala Teresa Temiño. Vaya coincidencia. Y nadie se ha enterado ni se dá cuenta. La concejala dice el día 22 de octubre a un medio de comunicación (DB) que se había enterado el día 21, o sea ayer, que su marido trabajaba para esa empresa. Qué pasa que no se lee los dictámenes que vota...Qué irresponsabilidad si es así.
Para qué proseguir. Ante la segura falta de respuesta de los actuales gestores del Ayuntamiento, señores del PP, en forma de dimisiones, revisión de las adjudicaciones, apercibimientos, etc, seguramente debamos como siempre acudir al amparo de la Justicia, para que simplemente se obligue a cumplir la Ley. Estamos convencidos que este asunto es sólo una simple membrana resquebrajada y que debajo no hay más que adjudicaciones a empresas amigas, privatizaciones interesadas y contratos que tan sólo benefician a los cargos del PP. Seguiremos vigilantes. Entre tanto.. ¿qué hace la oposición municipal encabezada por el PSOE?
Izquierda Unida Burgos.